Durante la próxima jornada electoral, fiscales del Ministerio Público serán desplegados en distintos locales de votación de Arequipa para supervisar el cumplimiento de los protocolos que garantizan el derecho al sufragio sin discriminación, especialmente en el caso de personas trans y con discapacidad.
La medida busca prevenir actos discriminatorios y asegurar que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. La supervisión estará a cargo de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo del Distrito Fiscal de Arequipa.
Entre las acciones previstas, se verificará que la apariencia física o expresión de género de los electores no sea utilizada como impedimento para ejercer el voto, incluso si no coincide con los datos del Documento Nacional de Identidad (DNI). Asimismo, se exigirá que los miembros de mesa, personeros y efectivos del orden mantengan un trato respetuoso.
En el caso de las personas trans, se supervisará que se utilicen formas adecuadas de trato, como el uso del apellido o número de DNI, y que, de ser necesario, se recurra a un lenguaje respetuoso para evitar situaciones incómodas o discriminatorias. De desconocer esta información, se deberá recurrir al uso de un pronombre personal neutro y preguntar de manera respetuosa, por ejemplo: “Me gustaría ser respetuoso, ¿cómo puedo dirigirme a usted?” o “¿Con qué nombre usted se identifica?”.
Respecto a las personas con discapacidad, los fiscales verificarán que se garantice el acceso preferencial y condiciones adecuadas para emitir su voto, sin barreras físicas ni limitaciones en la atención.
Además, los representantes del Ministerio Público estarán facultados para recibir denuncias en los propios locales de votación, levantar actas y comunicar de inmediato cualquier incidente a las instancias correspondientes.
También se habilitó una línea telefónica: 963 753 302 para reportar posibles actos de discriminación durante la jornada, con el fin de reforzar la vigilancia y respuesta ante vulneraciones de derechos.
Con este despliegue, se busca asegurar el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos durante el proceso electoral.