Si bien toda persona sentenciada tiene derecho a la reinserción social y laboral una vez cumplida su condena, la designación de Esaú Adolfo Delgado Núñez como presidente del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa (SBA) reabre el debate sobre los criterios de idoneidad y confianza que deben observarse en la designación de funcionarios y autoridades de entidades públicas.
Mediante la Resolución de Alcaldía n.° 132-2026, emitida el 19 de mayo de 2026, la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Ruccy Oscco Polar, designó como presidente del directorio Delgado Núñez, quien registra antecedentes vinculados a una condena por el delito de usurpación agravada.
De acuerdo con documentos judiciales públicos a los que accedió Diario Viral, el citado fue sentenciado el 11 de junio de 2018. Posteriormente, en el 2020, el Poder Judicial confirmó la revocatoria de la suspensión de la pena y ordenó que cumpla cuatro años de prisión efectiva junto a su esposa, Sonia Delgado, tras declararse infundada su apelación.
Un oficio emitido por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa, fechado el 17 de diciembre de 2020, dispuso su internamiento en el penal de varones de Socabaya. El documento señala que la condena culminó el 26 de diciembre de 2024, fecha en la que culminó el cumplimiento de la pena privativa de libertad.
CUESTIONA. La regidora provincial, Rocío Mango Chipana, manifestó su sorpresa al tomar conocimiento de la designación. Señaló que para este tipo de cargos deben priorizarse perfiles honestos y probos, por lo que solicitará información para conocer quién impulsó la designación y si se evaluaron adecuadamente los antecedentes del funcionario.
“Revisaremos el legajo presentado para acceder al cargo, incluyendo antecedentes penales, judiciales y la hoja de vida. De existir sentencias y antecedentes relevantes, corresponderá verificar si toda esa información fue consignada oportunamente y si las áreas responsables cumplieron con la evaluación”, acotó.
Además dentro de su legajo judicial registra un “rosario” de denuncias donde en 23 casos figura como demandado o imputado, la mayoría con archivo general, otras en sede de la Fiscalía y otro grupo distribuida en salas judiciales de Arequipa.
