La reciente sentencia contra Fernando Rospigliosi por difamación en agravio de Delia Espinoza no es un hecho menor en el escenario político actual.

El Poder Judicial del Perú ha marcado una línea clara: la libertad de expresión no ampara afirmaciones sin sustento que dañen el honor de las personas.

El fallo de la jueza Norma Carbajal establece que calificar a una autoridad como “aliada del terrorismo” sin pruebas constituye un uso abusivo del discurso público. 

No se trata de censura, sino de responsabilidad. En democracia, opinar no es sinónimo de agraviar.

Sin embargo, lo más preocupante no es solo la sanción —nueve meses de prisión suspendida y una reparación civil de S/200 000—, sino la reacción posterior. 

Lejos de rectificarse, el propio Rospigliosi reiteró sus calificativos, evidenciando una preocupante normalización del exceso verbal en la política peruana.

Este comportamiento refleja un problema más profundo: la degradación del debate público. 
Cuando las descalificaciones reemplazan a los argumentos, no solo se afecta a las personas involucradas, sino a toda la institucionalidad. 

El respeto no es opcional en quienes ejercen poder.

La sentencia también envía un mensaje a la clase política: el discurso tiene consecuencias. 
No basta con escudarse en la crítica política para justificar ataques personales sin pruebas. La justicia ha recordado que existen límites legales y éticos.

En un contexto de alta polarización, este caso debería abrir una reflexión urgente. La política necesita firmeza, sí, pero también responsabilidad. 

Sin ese equilibrio, el país seguirá atrapado en un ciclo de confrontación que debilita la democracia.