El exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, José Samamé, fue liberado por disposición del Ministerio Público y continuará el proceso en libertad. La investigación fiscal se centra en el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, en el marco de las fallas logísticas que marcaron la jornada electoral del 12 de abril y que habrían impedido que más de 63 mil ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

La decisión de la Fiscalía se produjo tras varias horas de diligencias en la sede ubicada en el jirón Carabaya, en Lima. Samamé, quien había renunciado a su cargo un día antes de su detención, abandonó las instalaciones bajo resguardo y sin brindar declaraciones. Según fuentes fiscales, esta medida no implica el cierre del caso, ya que el exfuncionario deberá volver a comparecer conforme avancen las investigaciones.

Como antecedente, la detención fue ejecutada por la Policía Nacional del Perú el 13 de abril, en el contexto de una investigación por presuntos delitos contra la administración pública. Las autoridades evalúan si existió negligencia en la planificación del despliegue del material electoral, proceso clave que estuvo bajo responsabilidad directa de Samamé durante los comicios generales.

El foco de la pesquisa también alcanza a la empresa Servicios Generales Galaga SAC, contratada para la distribución de los insumos electorales. Mientras la Fiscalía analiza contratos y procedimientos, la compañía sostiene que cumplió con sus obligaciones y atribuye los retrasos a factores externos. 

“Los hechos serán esclarecidos en el marco de la investigación”, indicaron fuentes cercanas al caso, en medio de un escenario de creciente cuestionamiento a la organización electoral y su impacto en la legitimidad del proceso.