La Unidad de Sanción de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial recomendó imponer multas económicas a los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado que ordenaron la ejecución adelantada de la condena contra el expresidente Ollanta Humala en abril de 2025.
Tras casi un año de investigación disciplinaria, se concluyó que los magistrados incurrieron en una falta grave al aplicar una medida sin contar con la sentencia escrita y debidamente notificada.
Según el informe, los jueces Nayko Coronado Salazar, Juana Caballero García y Max Vengoa Valdiglesias “incurrieron en irregularidad funcional al no respetar el procedimiento penal establecido”, al ejecutar la condena antes de que exista un documento formal.
Por ello, se propone una multa del 10 % del sueldo para la jueza ponente y del 5 % para los otros magistrados, en un caso que ha generado debate sobre la legalidad del proceso.
El propio Ollanta Humala cuestionó la medida y solicitó participar en la audiencia disciplinaria. “Estoy solicitando [...] tener la oportunidad de participar en dicha audiencia, en mi calidad de agraviado directo”, señaló.
Además, denunció que la ejecución de la pena fue “inconstitucional” y que se le privó de su libertad sin conocer los fundamentos de la decisión judicial.
El documento también advierte que durante 17 días el exmandatario permaneció detenido sin acceso a la sentencia completa, lo que habría limitado su derecho a la defensa.
