La Unidad de Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial propuso suspender por tres meses al juez Richard Concepción Carhuancho, en medio de cuestionamientos por su desempeño en casos sensibles. 

La medida responde a una presunta demora de dos meses en resolver un pedido de prisión, lo que, según el informe, habría vulnerado el debido proceso y el derecho a la libertad personal. Como parte del procedimiento, se le solicitó presentar sus descargos en un plazo máximo de cinco días.

El requerimiento también alcanza a sus especialistas de juzgado, María Villanueva Jordán y Yudhit Cruz Yucra, quienes deberán responder ante la instancia disciplinaria. Este proceso se desarrolla en paralelo a nuevas investigaciones que rodean al magistrado, cuya actuación en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional vuelve a estar bajo escrutinio público y político.

En esa línea, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, confirmó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación preliminar contra el juez. A través de sus redes sociales, sostuvo: “La JNJ aceptó abrir investigación preliminar al juez prevaricador Richard Concepción Carhuancho, en base a la denuncia que presenté (…) por desacatar la ley de lesa humanidad”.

Según la resolución de la JNJ, existen “elementos que deben ser parte de una investigación preliminar” para determinar si el magistrado incurrió en inconducta funcional. No obstante, el documento aclara que esta etapa no implica una sanción anticipada, sino que busca verificar, bajo el principio de presunción de licitud, si corresponde iniciar un proceso disciplinario formal. El caso reabre el debate sobre la independencia judicial y los mecanismos de control en el sistema de justicia peruano.